Por Claudia Korol (publicado
en 2006)
Un comunicado —que prácticamente no fue difundido por los
medios de comunicación— informa en julio del 2006 que "el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina se negó a preservar docenas de
cadáveres de indígenas masacrados en la provincia de Formosa y a continuar con
la investigación de la matanza".
En estos mismos días, Argentina se
abstuvo de votar el texto de la
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quebrando la
posición común adoptada en este tema por el bloque de países de América Latina
y el Caribe que participan de dicha comisión, y defraudando la esperanza de los
pueblos originarios que habitan nuestros territorios ancestrales. Según el
canciller argentino Jorge Taiana, presente en la votación, el motivo de la
abstención fue "la falta de elementos que permitan poner al mismo nivel el
derecho de autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad
nacional". Para el gobierno argentino, reconocer los derechos de los
pueblos originarios, significa una amenaza para el principio de unidad
nacional.
Estas decisiones del gobierno que
se hace llamar "de los derechos humanos", nos permiten sospechar
sobre a qué humanos abarcan y a quiénes no el reconocimiento de derechos; y nos
remiten también al debate necesario sobre cómo se construyó la "Nación
argentina" a partir del genocidio de los pueblos originarios (y también de
los africanos esclavizados para reproducir el "desarrollo"
capitalista" al menor costo), y cómo la lógica de esa "unidad
nacional" y de ese "desarrollo", siguen sosteniéndose
actualmente en la impunidad. Nos permiten pensar sobre las marcas que la cultura
de la conquista y sus políticas de exterminio y saqueo, imprimen no sólo en los
actos de gobierno, sino en la percepción misma que la sociedad argentina tiene
de sí misma y de su historia.
"Quien quiera oír que oiga"
Éste que estamos contando, es un fragmento
de la historia de los vencidos. Sucedió en 1947, en Formosa —que en ese tiempo
era Territorio Nacional—. Entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre fueron
exterminados por tropas de Gendarmería Nacional, más de mil mujeres, niños,
ancianos y hombres del pueblo pilagá, en el paraje llamado Rincón Bomba, en la
localidad de Las Lomitas.
Unos meses antes, en abril de 1947, miles de pilagás,
tobas y wichis, habían sido despedidos —sin indemnización alguna— por el
Ingenio San Martín de El Tabacal (que queda en el departamento de Orán, en
Salta). Fueron llevados hasta el ingenio desde Formosa para trabajar como
braceros, caminando cientos de kilómetros, con sus familias y sus pocas
pertenencias al hombro, con la promesa que se les pagaría $ 6.— por día. Al
llegar al lugar les dijeron que recibirían sólo $ 2,50—. Una nueva estafa en
una larga lista.
En ese tiempo, en plena expansión
de los ingenios azucareros en el noroeste argentino (como el de San Martín de
El Tabacal, Ledesma y La
Esperanza ), la oligarquía azucarera que se iba constituyendo,
se planteó la necesidad de conseguir mano de obra más que barata.
Señala el investigador Ariel Ogando
en uno de sus trabajos, que se utilizaron diferentes estrategias para ello:
"Uno de esos mecanismos que forzaba al campesino a trabajar en los
ingenios era el endeudamiento en los almacenes de la zona, otro era el pago de
arriendos.
Ante la falta de indígenas
provenientes del Chaco, a causa del crecimiento de la producción algodonera,
fuerte consumidora de fuerza de trabajo indígena, en los años que van de 1930 a 1949, los empresarios
azucareros comenzaron a utilizar estrategias de captación de campesinos
indígenas de las tierras altas de Salta y Jujuy. Así fueron compradas o
alquiladas por terratenientes vinculados a la industria azucarera, gran
cantidad de tierras. Éste es el caso de Robustiano Patrón Costas, que compró
las haciendas Rodero, Negra Muerta, Finca Santiago y San Andrés, a la vez que
alquiló las haciendas de Yavi y Santa Victoria, propiedad de Hortensia Campero
de Figueroa. Es decir, se establece una nueva forma de relación entre el
(nuevo) dueño de la tierra y el campesino, en la que media el pago en trabajo
de este último, por el control de una parcela de tierra" ("Una mirada
a la lucha por la tierra en el noroeste argentino". Ariel Ogando. Revista
Trabajadores).
En 1947 los dueños del Ingenio San
Martín de El Tabacal eran los Patrón Costa, integrantes de una familia que hizo
su fortuna y su poder a partir del despojo y la explotación salvaje de los pueblos
originarios. Paréntesis necesario Vale recordar aquí, como un paréntesis en el
relato que nos trae inmediatamente a la actualidad, que en 1996 este ingenio
fue adquirido a los Patrón Costa por el grupo norteamericano Seabord
Corporation, que continuó con los despojos de los pueblos originarios, contando
siempre con el apoyo, y la complicidad abierta o encubierta de los gobiernos
provincial y nacional. La Seabord Corporation , que hoy ocupa un millón de
hectáreas, y es productora en Argentina del azúcar Chango, sostiene hace ya
varios años un conflicto con la comunidad ava guaraní, por la posesión de
alrededor de 5000
hectáreas ubicadas en una región llamada La Loma , que pertenecían a ese
pueblo. Aún hay varios miembros de la comunidad procesados desde el último
desalojo. También fue denunciada la Seabord Corporation
por haber quemado casas de campesinos en la zona de Río Blanco, a 30 km . de la frontera con
Bolivia, y por haber pasado topadoras a plantíos de más de 50 años, además de
haber robado tierras a las comunidades incluso aquellas en las que se
encuentran los cementerios de sus antepasados. Para completar el control sobre
el territorio saqueado, la empresa instaló puestos de control, a cargo del
grupo de seguridad privada Search, también de capitales norteamericanos.
La masacre del pueblo pilagá
Después de ser despedidos por el
ingenio, los pilagás comenzaron la larga caminata de regreso a Formosa. Al
llegar a Las Lomitas, tuvieron que mendigar alimentos entre la población local.
Recibieron alguna ayuda del gobierno, pero los alimentos estaban en mal estado
y comenzaron a enfermarse y a morir. Perón (entonces presidente), les envió
para calmar la situación tres vagones de alimentos y ropa, de los cuales sólo
llegó uno a la comunidad. Comenzó entonces a circular el rumor de un
"levantamiento indígena". Varios diarios de la época se hicieron eco
de esta "información" que anticipaba la masacre.
Relatan los abogados de la
comunidad que reconstruyeron históricamente estos hechos (Carlos Díaz y Julio
García): "Gendarmería Nacional forma un "cordón de seguridad"
alrededor del campamento aborigen. No se les permite traspasarlo ni ingresar al
pueblo a los pilagás. Se colocan ametralladoras en "nidos", en
distintos sitios "estratégicos". Ya son más de 100 los gendarmes,
armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición que día y noche
custodian el "ghetto". Hasta que sucede lo inexorablemente
esperado". En el atardecer del 10 de octubre, mientras se desarrollaba una
entrevista entre el Jefe del Escuadrón de Gendarmería y el cacique Pablito,
comenzó la masacre.
"Se lanzan bengalas para
iluminar la dantesca escena y determinar mejor los blancos a tirar. Cientos de
mujeres con sus niños en brazos, ancianos y hombres comienzan a huir hacia
ninguna parte que los lleva fatalmente a la muerte. Con las primeras luces del
alba la imagen es dantesca. Más de 300 cadáveres yacen. Los heridos son
rematados. Niños de corta edad, desnudos, caminan o gatean, sucios, entre los
cadáveres, envueltos en llanto. Luego del ametrallamiento "...pensando que
al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al
aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en
la oscuridad, debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose
en el monte, al que obviamente conocían palmo a palmo..." (Comandante
Mayor (R) Teófilo Ramón Cruz). Pero allí no termina la matanza. Comienza la
persecución de los que pudieron escapar, "para que no queden
testigos", contando la Gendarmería Nacional con la
"colaboración" de algunos civiles. Van en dirección a Pozo del Tigre
la mayoría, otros para Campo del Cielo, miles se guarnecen en la espesura de
los pocos montes que quedan. En los días subsiguientes son rodeados por las
partidas. Y allí nuevamente son masacrados en distintos lugares (Campo del
Cielo, Pozo del Tigre, etc.) más de 200 personas. Entre los represores ninguna
víctima. Se hubiera podido seguir la trayectoria de las tropas por las piras de
cadáveres humanos que se quemaban, porque "no había tiempo para
enterrarlos", a medida que avanzaban". ¿Derechos humanos
"universales"? o el limitado universo de los derechos humanos.
En marzo del año 2005, los descendientes de las víctimas, junto a
Ante la imposibilidad de recursos
del Pueblo Pilagá para afrontar la prosecución de la búsqueda y protección de
los cadáveres de sus antepasados, se solicitó al Juez Federal que intime al
Estado Nacional a facilitar los recursos. En la semana pasada, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la
Nación rechazó el pedido. (En su escrito, la abogada del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos niega que los indígenas puedan
hacerse acreedores de resarcimiento alguno diciendo textualmente que "..no
puede hablarse de etnia pilagá... por carecer de afinidades raciales,
lingüísticas, culturales, etc....", agregando que la situación económica-social
del Pueblo Pilagá no amerita ayuda alguna en tal sentido y que el gasto con ese
destino es "...meramente caprichoso, inocuo y no funcional al
esclarecimiento de la causa... haciendo cargar con desmesurados costos al
erario público)".
Los cuerpos de las docenas de
víctimas ya encontradas, quedan así sin resguardo perimetral ni aéreo, y quedan
comprometidas la posibilidades de ejercicio de derechos tan elementales, como
el derecho a la verdad, el derecho al duelo, el derecho a la justicia, el derecho
a la identidad.
Esta historia en sí misma, denuncia
una concepción de derechos humanos, en la cual algunos seres humanos parecen
tener más derechos que otros. O para ser más clara, algunos pueblos no tienen
ningún derecho.
La concepción queda más en
evidencia, al constatar la abstención argentina en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en la votación de la Declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas, texto que será enviado para su adopción
final a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se reunirá en unos meses.
Preguntamos entonces ¿qué
concepción de derechos humanos es ésta que jerarquiza entre los muertos que
merecen homenajes y monumentos, y los que quedan tirados en fosas comunes,
abiertas a la intemperie, sin la menor cobertura del estado de derecho? ¿Qué
convenios internacionales de derechos humanos se suscriben y cuáles se niegan?
¿De qué humanidad hablamos, cuando defendemos derechos en el mundo del revés?
¿No debieran ser estos derechos, las urgencias de los izquierdos?
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